viernes, enero 04, 2008

Las Madres apoyan a las FARC

Extraído de www.madres.org el 4/1/2008:

“URIBE TIENE MÁS DE 500 REHENES DE LAS FARC Y DE ESO NO SE HABLA"
Estamos con los compañeros de las FARC, estamos con Chávez, estamos con nuestro Presidente que fue, estamos con todos los que creen que se puede llegar a reconocer a la paz alrededor de los rehenes, pero a intercambiar. Que Uribe entregue a los que tiene y que las FARC entreguen a los que tienen y no que los tenga que entregar nada más que la gente de las FARC. Todo esto del niño, todo este invento, esta porquería, esto sucio, le dio letra a los medios de la derecha a los que se les había terminado el tema porque ya no se hacía la entrega y le dio letra con lo del niñito. ¿Quién puede pensar que la gente de la guerrilla va a torturar? Sólo en la cabeza de mierda de Uribe puede caber eso.




Domingo 13 de enero de 2008

Editorial II

Bonafini y las FARC

Recientes manifestaciones de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sobre la persona del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ratifican la posición intolerante de la dirigente, con la que tiene acostumbrada a la opinión pública local e internacional.

En esa ocasión, y luego de denostar al mandatario colombiano con lenguaje grosero y procaz, la señora de Bonafini expresó: "Estamos con los compañeros de las FARC, estamos con Chávez, estamos con nuestro presidente que fue a Colombia". No es la primera vez, por cierto, que quien se dice defensora de los derechos humanos se pone abiertamente a favor de grupos guerrilleros o terroristas que los violan sistemáticamente.

En efecto, todo el mundo recibió con estupor las declaraciones de la señora de Bonafini en favor de la ETA cuando sostuvo que "el Estado español está en guerra contra los vascos" o cuando apoyó a los presos etarras que "son para el mundo un ejemplo de dignidad y de resistencia" o, finalmente, cuando se manifestó en contra de España: "El verdadero terrorismo es el que se ejerce desde el Estado", dijo.

Sus siempre controvertidas declaraciones han causado reproches internacionales. Por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) española la declaró persona no grata, al tiempo que Matilde Artés, representante de Abuelas de Plaza de Mayo en Madrid, también descalificó duramente sus dichos.

No menos condenables fueron sus declaraciones luego de producido el cobarde y feroz ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. En esa oportunidad, manifestó: "El 11 de septiembre sentí que la sangre de tantos caídos era vengada". O las referencias a Juan Pablo II a instancias de su agonía: "Va a morir quemado en el infierno".

La última intervención controvertida data de septiembre pasado, cuando se enfrentó al presidente Néstor Kirchner por haber cuestionado éste a la República Islámica de Irán por su falta de colaboración en la investigación del atentado contra la sede de la AMIA.

Antes, en febrero, había firmado una carta de apoyo al régimen de Mahmoud Ahmadinejad que llevó en persona a Teherán el dirigente piquetero Luis D Elía, para quien, sorprendentemente, se evaluó un nuevo cargo en el gobierno nacional, pese a su intempestiva salida, meses atrás, en medio de críticas a la política exterior de Néstor Kirchner y de agravios al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Hebe de Bonafini siempre se muestra polémica, cualquiera sea el tema que deba tocarse. Pero ahora quizás haya pasado un límite al apoyar públicamente a un grupo terrorista que comete flagrantes violaciones a los derechos humanos, merced al financiamiento que le brindan el narcotráfico y los secuestros extorsivos, e insultar públicamente al presidente de Colombia, elegido democráticamente por una amplia mayoría de ciudadanos. Se trata de una declaración de la cual nuestros gobernantes deberían tomar distancia.

Resulta preocupante que expresiones como las que ha proferido Hebe de Bonafini tengan la posibilidad de ser divulgadas a través de los diferentes canales que la dirigente tiene a su disposición, con el beneplácito y, en algún caso, la ayuda económica de las autoridades nacionales. No se trata en modo alguno de silenciar voces disidentes, sino de exigir que el dinero de los contribuyentes que administra el Estado no sea empleado para fomentar ni alimentar, por acción u omisión, la violencia y la apología de un grupo guerrillero que mantiene cautivas a por lo menos 700 personas para quienes, al parecer, no existen los derechos humanos.

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